Las políticas de conservación y de valorización del patrimonio cultural desarrolladas en Europa se caracterizan, a partir de la década de 1980, por la extensión que ha experimentado el concepto mismo de patrimonio. De posiciones restrictivas se ha pasado a actitudes más amplias, lo que ha incrementado sensiblemente las categorías de bienes que son objeto de protección en cada país. Hasta entonces, los responsables de la conservación del patrimonio –que se denominaba histórico y artístico– centraban su atención en los monumentos singulares, considerados obras culminantes de la creatividad humana y con preferencia en aquellos que simbolizaban el poder civil (castillos, fortificaciones, residencias palatinas…) o religioso (catedrales, monasterios, ermitas…), algún conjunto urbano de excepcional interés desde el punto de vista arquitectónico, y, como mucho, alguna construcción modesta a causa de su interés arqueológico o antigüedad.

Así, los catálogos oficiales donde se recopilaban los monumentos sujetos a protección no reflejaban la realidad del patrimonio arquitectónico de cada país. Además, los complicados mecanismos de selección no hacían sino acentuar el carácter selectivo de las listas: las arquitecturas populares tan abundantes en el medio rural o las de carácter anónimo que forman el entorno y dan su justa dimensión a los monumentos singulares en el medio urbano, las obras más recientes que tanto han contribuido a definir la fisonomía de Europa, todas escapaban a la noción entonces vigente de patrimonio y quedaban desprovistas de protección legal, al margen de los programas de salvaguarda y rehabilitación. En este contexto, las construcciones técnicas e industriales carecían de carta de ciudadanía, hasta el punto de que cuando comienza a conocerse y reconocerse su interés se habla de “castillos industriales”, en un claro intento por extender a estas obras el prestigio de lo que entonces se consideraba arquetipo del patrimonio arquitectónico.

Mediada la década de 1980 las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa contribuyeron manera decisiva al reconocimiento de nuevas categorías de patrimonio histórico, y en ellas tuvieron un papel fundamental la opinión pública y los movimientos ciudadanos, y que permitió el establecimiento de una filosofía que inspiró a las políticas europeas de conservación y revitalización de estos bienes, y que culminó jurídicamente en el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Granada, 1985) firmado inicialmente por diecisiete estados miembros, entre ellos España.

La evolución del concepto influyó también en el tratamiento y utilización de estos bienes. De la mera conservación museística o arqueológica se ha pasado a una conservación activa y funcional, que busca la inserción del patrimonio en la vida social y económica, que les procura un uso y unas funciones concretas compatibles con su propia naturaleza. Ello supone un cambio cualitativo, se pasa de considerar el patrimonio como una reliquia del pasado a entenderlo como factor de progreso, como instrumento al servicio de la comunidad, como bien susceptible de procurar una rentabilidad económica además de cultural.

En el Convenio de Granada, y a partir de él, se puso especial énfasis en tres nuevas categorías de patrimonio: la arquitectura vernacular y rural, la arquitectura contemporánea y de épocas recientes, y las construcciones de carácter industrial y técnico, esta última la más novedosa por extender, por vez primera, el concepto de patrimonio a las construcciones de ingeniería en el conjunto de las llamadas obras públicas. Este tipo de patrimonio en España ya había sido objeto de una labor pionera de identificación y catalogación (Informe sobre la situación del patrimonio técnico e industrial en Europa, M. Wehdorn y J.A. Fernández-Ordóñez, 1984), y a partir de ella se reivindica a las obras públicas como una nueva dimensión del patrimonio cultural europeo. El trabajo pone de manifiesto la riqueza cuantitativa y cualitativa de este patrimonio, en especial en los países europeos meridionales. La simple toma de conciencia con respecto a su existencia y valoración supuso ya una extensión considerable de lo que tradicionalmente se ha considerado arqueología industrial, tanto a nivel funcional –a la noción puramente industrial se añaden las obras y construcciones de ingeniería civil– como cronológico –comprende todas las obras públicas desde la antigüedad hasta nuestros días–. Obras públicas que salvo contadísimas excepciones no estaban incluidas en el concepto tradicional de patrimonio arquitectónico.

El valor científico, estético, simbólico y de uso de esta clase de bienes, su propia dimensión cultural, están ya fuera de toda duda y exigen su integración en la políticas de protección, con todo lo que ello supone a la hora de definir, identificar y profundizar en su conocimiento, de sensibilizar a la opinión pública, de establecer y usar la necesaria cobertura legal para las acciones encaminadas a su salvaguarda y conservación, y de implicar en todo ello a sus propios artífices, los ingenieros civiles. Los bienes que constituyen las obras públicas excluyen, por definición, una conservación meramente arqueológica o de museo, por el contrario, exigen una conservación activa que pasa por una utilización adecuada. Muchas veces son bienes situados en lugares despoblados, sin vigilancia y no siempre con fácil acceso. De ahí que su utilización permanente constituya la mayor garantía de supervivencia y conservación. Pero ello exige un conocimiento técnico muy perfeccionado y una formación especializada por parte de quienes estén llamados a intervenir.

El Informe de 1984 alertaba sobre los riesgos a que estaban expuestos, aún hoy lo están, estas obras públicas: estado general de abandono, falta de conciencia sobre su valor, ausencia de presupuestos y programas específicos para su conservación y rehabilitación, legislación poco adecuada, y falta de formación y sensibilización entre los propia profesión de la ingeniería civil. Para atajar este panorama se propusieron recomendaciones, como la necesidad de profundizar en el conocimiento de estos bienes con vistas a una conservación activa y funcional que permita su utilización efectiva; o como la formación de inventarios, premisa indispensable para las políticas de conservación; o la transferencia de información, medios y técnicas entre los países europeos. De ahí la pertinencia de trabajar desde la base, en la formación del futuro graduado en ingeniería civil.

Rehabilitar el patrimonio existente, también el de las obras públicas, se perfila como una alternativa real y sostenible frente a los retos profesionales, sociales y económicos que se plantean en el ejercicio de la ingeniería. Se necesita capacitación para valorar y cuantificar determinadas patologías, o instrumentar una solución para un problema concreto, u ofertar una solución económica a costes razonables. Y también hay que ser competente en otros aspectos como el conocimiento y la aplicación de conceptos y metodologías relativas a la identificación, valoración y análisis del patrimonio de las obras públicas. El análisis histórico realizado a lo largo del programa de esta asignatura y las competencias adquiridas con el estudio de otras materias de la titulación, todo ello es conocimiento que aquí puede ponerse en acción.

Al concluir el estudio de este tema, que recoge todos los aspectos patrimoniales analizados a lo largo de los otros temas, el alumnado será conocedor de que la irrupción de las construcciones de ingeniería en el conjunto de las llamadas obras públicas ha servido para definir mejor el concepto de patrimonio y para ampliar sus categorías, dando cabida también a los aspectos territoriales y paisajísticos; asumirá el análisis histórico como una herramienta pertinente para su valoración; y será consciente de que el ingeniero civil debe implicarse en el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio por él mismo generado y que para ello precisa disponer de herramientas, hábitos y formación que posibiliten el ejercicio de su profesión teniendo en cuenta la situación de estos bienes y el alcance de sus acciones y decisiones.

   

Contenidos

1. El patrimonio, un concepto en evolución. De la idea de monumento a los conceptos de patrimonio histórico y bien de interés cultural.

2. La arqueología industrial y el patrimonio de las obras públicas.

3. El patrimonio cultural y las instituciones. Documentos, cartas y declaraciones.

4. La legislación sobre patrimonio cultural.

5. Las obras públicas como monumentos singulares: el ejemplo de los puentes.

6. Los repertorios de obras públicas con interés patrimonial. Inventarios y catálogos. Confección, uso y difusión.

7. Yacimientos de información para el estudio y la valoración de las obras públicas.

8. Patrimonio de las obras públicas, territorio y paisaje.

9. Los estudios informativos y de impacto ambiental, documentos competentes en la identificación y valoración del patrimonio de las obras públicas.

10. La intervención en el patrimonio, conceptos e ideas básicas.

11. La conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio. Criterios y estrategias de intervención. Evolución histórica y panorama actual.

   

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Última modificación: miércoles, 10 de mayo de 2017, 12:18